Le hemos denegado el préstamo porque no llega al perfil de corte ¿?

Nos encontramos en una época en la que fácilmente tenemos acceso a mucha tecnología que aparentemente es sencilla de utilizar, pero que conlleva el aprendizaje de un sinfín de mecanismos para llegar a ejecutar algo que, hasta hace poco, era tan elemental como anotar algo con un bolígrafo en una agenda de papel.

¿Qué  hacer  cuando   sabemos,   o  tenemos   la  íntima convicción,  de que algún  ente privado o público  tiene  información  de  nuestra  intimidad y no sabemos qué hace con ella?

¿Pero en realidad  qué es lo que tienen?  ¿O acaso no tienen  nada y creemos que sí? ¿Cómo podemos probar que sí hay algo? ¿Qué dimos nosotros? ¿De dónde ha salido?

A menudo descubrimos que  sí dimos algo de nuestra privacidad (información personal, como una situación matrimonial delicada, o datos laborales o profesionales) cuando solicitamos algún tipo de crédito financiero y se nos deniega.

Por ejemplo, ¿En qué mecanismo  se basan las entidades financieras para analizar y sancionar una solicitud de préstamo o crédito?

El scoring financiero

El  “scoring”  es  un  método  predictivo  de  cómo  se comportará el riesgo crediticio,  basado  en un vínculo histórico entre características y riesgos. Es decir, que casos resueltos en el pasado con determinados componentes o perfiles y que se comportaron de cierta forma, son indicativo de cómo se comportará el riesgo que estamos analizando ahora.

Para  ilustrarlo  de  forma  muy  sencilla,   la  estadística basada en operaciones consumadas del sector de autónomos del transporte por carretera, puede decir que el 10% de los créditos que se les otorgaron a profesionales con menos de cinco años de experiencia, produjeron una demora de más de 30 días; de hecho, hay muchas más variables que considerar que con el devenir del tiempo  han de ir cambiando para adecuarse a  la realidad que se vive.

En realidad  la construcción de las tablas de puntuación pueden ser extremadamente complejas pues en la interrelación de unas variables con otras, unas combinaciones pueden puntuar a favor y otras en contra del solicitante.

Algunos datos que usualmente están presentes:

a. Edad

b. Estado civil

c. Sexo

d. Lugar de nacimiento

e. Nacionalidad

f.  Historial crediticio en la propia Entidad

g. Antigüedad como cliente

h. Propiedad de bienes raíces

i.  Ingresos

j.  Obligaciones de pago con terceros k. Incidencias mercantiles externas

1.   Profesión o actividad

m. Clase de contrato laboral n. Sector

o. Evolución  y clase  de posicionamiento como cliente

p. Número de hijos

q. Estudios cursados

La lista podría ser mucho más extensa, y de hecho, la práctica dice que lo normal en la mayoría de entidades bancarias en tiempos de inestabilidad económica, es que de forma súbita se endurezcan las puntuaciones que se asignan y hasta se penalicen determinadas variables. En realidad lo que compete aquí no es un análisis sociológico de si el sistema  es adecuado o no, sino más bien si genera indefensión respecto del propietario de la información,  que  no es la  entidad  financiera  sino  la persona física que lo facilita.

Hay Entidades financieras que lo utilizan como elemento decisor, y no como una herramientas de asesoramiento para el analista o el comité.

El “scoring” de por sí no puede ser quien decida las operaciones crediticias, o si lo fuera debería de contener un mecanismo de “contrapeso” que permitiera al interesado conocer cómo se ha valorado su información;  más allá del  análisis de “laboratorio” debería  de  haber  la  posibilidad   de  aportar  aquellos valores cualitativos que reinterpretaran el análisis científico de las variables literales.

Si el interesado se ve sometido a  una decisión  sobre una  interpretación  no conocida, no compartida, y no revelada  de sus datos entendemos que claramente debería  de poder impugnar tal decisión.

Es decir, al introducir las variables del cliente, usando el ejemplo citado del transportista por carretera autónomo, el “scoring” ya se verá penalizado  por la estadística histórica, pero ahora habría que poder modificar el perfil del    cliente    y   de    la    operación   por    información personalizada y singularmente suya, pero no es posible.

No se puede añadir nada adicional que pueda mejorar la calidad del riesgo, como podría ser en qué sector de distribución está, por cuenta de quién, qué clase de instrumentación   contractual  ampara  el  servicio   que presta, qué seguros cubren la actividad, etc.

 Derecho de impugnación, como fin último, sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición

Es  conveniente  una  primera  aproximación  a  los tres elementos clave para poder ampararse en el artículo 3./ del RD 1720 2007, aunque sin posibilidad de inhibirse de lo dictado  en   los  artículos  35  y   36.  Veremos   unos comentarios “interlineados”

 Artículo 34. Derecho de oposición  

“El derecho de opos1c1ón es el derecho del afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter  personal  o se  cese  en  el mismo  en los siguientes supuestos:”

Para que el interesado pudiese ejercitar su derecho de oposición al tratamiento sobre datos personales, bajo un medio  tecnológicamente  desconocido,   tendría  que recibir información clara e inteligible de lo que se va a hacer. Tendría que recibir información diáfana de que los datos que ha facilitado van a recibir un tratamiento combinatorio  por un  medio  impersonal  y  que  van  a generar un resultado final que puede ser positivo o lesivo para sus legítimos intereses.

En  ningún momento sabe el interesado que sus datos serán “tratados” por una aplicación informática que dará una nueva imagen de su segmentación como cliente, en base  a unas  combinatorias,  que  desconoce  hasta  el analista que las trabaja.

Lo dice el “sistema”

De otro lado, ¿Qué información recibe el peticionario del préstamo  cuando  le  es denegada   o aprobada   con  variaciones   o  condicionantes?   Se   le comunica que “su perfil de corte” es inferior a lo estimado por el sistema.

¿Qué sistema? ¿Quién hay por encima de usted? (dice el cliente) … mire usted, es que no hay nadie por encima;  el  sistema  informático,  un  software,  analiza  la información y decide.

Y ¿Qué ha decidido en mi caso? Pues que  su “perfil de corte” es inferior a lo estimado por el sistema para su aprobación.  Y ahora el cliente sacando fuego por la nariz dice…..

  1. Pero  ¿en qué estoy por debajo?
  2.  ¿Es por falta de garantías?
  3. ¿No acredito suficiente capacidad de reembolso?
  4. ¿No tengo suficiente   antigüedad   como cliente?
  5. ¿Tengo alguna deuda atrasada con ustedes, la he tenido?
  6. ¿Soy moroso de otra Entidad?

Sin capacidad de defensa ni de apelación posible

El caso es que el cliente no sabe como “oponerse” porque a su juicio  se enfrenta a un “enemigo” invisible que tiene como “agente” a un analista que tampoco sabe por qué está diciendo  lo que dice [ y puede ser que al final hasta tuviera razón y la conclusión fuera la misma con un análisis decisorio estrictamente intelectual]

En realidad el foco hay que colocarlo en que, de por sí, esta fórmula de “tratamiento” presenta de forma lineal un clara indefensión para el consumidor.

Normalmente, la información se le dará de palabra, y en algunos casos a través de un escrito escueto y parco en aclaraciones, que por ser de tal manera le dificultará al cliente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición e impugnación en su caso.

¿Qué  puede  hacer  ahora  con  la  información  que  de palabra, o mediante un  sucinto escrito se le da? La respuesta honesta es NADA.  Y debería de saber cómo oponerse, debería de saber qué hacer sobre algo que cree que le ha perjudicado pero que en realidad no sabe qué es.

Debería de poder encauzar sus acciones de acuerdo con las premisas delineadas en el mismo Artículo 34 al efecto regulador   que    permite    que    la    “oposición”    sea “escuchada” en el foro adecuado.

¿Se puede hacer algo?

Para que sea atendido, según el Artículo 34 deben de darse las siguientes circunstancias que comentaremos:

i.   “Qué exista un motivo legítimo y fundado”

ti.   “Qué dicho  motivo se refiera a su concreta situación personal”

111.  “Que  el  mollvo  alegado   justifique   el  derecho  de opos1c1ón sol1citado “

Para que sea evidente que tiene  un motivo legítimo y fundado, ha de poder demostrar que la legitimidad le viene dada por su solicitud y la denegación escrita, pero más difícil le va a ser demostrar que es “fundada“.

Para   ilustrarlo .. ¿En que  se  basará   un   recurso   de reposición?  Pues en una decisión jurídica y legalmente válida emitida por un ente público  y con la que no se concuerda (Ej. Multa de tráfico)

Si no es posible explicitar lo coherente del fundamento de la decisión tomada por terceros y que le es lesiva ¿Cómo  va  a  oponerse  y/o impugnarlo? Necesitaría la imagen gráfica e inteligible que de forma “fundada” y “razonada” lleva a la decisión de la Entidad Financiera, y eso, obviamente no lo tiene. Sería como sancionar una infracción de  tráfico  por superar el límite legal de velocidad  y no contar con la fotografía   sancionadora   que   capta   la   matrícula   del vehículo infractor.

El   “fundamento”   va  ligado  a  su  concreta   situación personal por  lo  que  debería de contar  con  que  se desvelara qué  información  se ha utilizado  y  de  qué manera se ha valorado conducir a la sanción final.

¿ Llegado a este punto, qué hace un cliente que  no está satisfecho con la respuesta que se le da? Normalmente no hace nada, se va. Alguna vez se da el caso que un cliente se dirige al Defensor del Cliente de la entidad, y recibe por respuesta que como se trata de una decisión  de “negocio” y no se han vulnerado el marco legal ni reglamentario de la relación  cliente/Entidad, pues que remiten su reclamación a la D.U.N  (Dirección de Unidad de  Negocio)  correspondiente  para,  en  su  caso,  se reevalúe  su solicitud. Al final se desvanece todo en el aire.

Sí se puede

Si los todos clientes supieran cómo reclamar su derecho de acceso y oposición/impugnación, se ayudaría a la clarificación jurídica del llamado “tratamiento” de la información vía “scoring”.  No hablamos aquí del derecho del  ente financiero a aceptar o no una operación de crédito, ese es un derecho inapelable e indiscutible, sino del método que está usando.

De hecho, la búsqueda en “google” de la leyenda “impugnar resultado scoring financiero”, en las múltiples combinatorias que se nos puedan ocurrir, arroja un resultado bastante pobre. Esta falta de “entradas” refleja  la escasez de “calado” que tiene  en el consumidor la  posibilidad   de oponerse e impugnar, solo por el mero hecho de que tiene todo el derecho a saber qué se ha hecho con la información que ha facilitado y cómo ha sido reinterpretada, bien sea disociándola entre sí o vinculándola a otras fuentes estadísticas que se registran  en las “arcas” informáticas de la Entidad Financiera.

Que el motivo alegado justifique el “derecho a oposición” va a ser otro escollo,  porque el interesado debería de tener en su posesión la prueba que validara el “tratamiento” en indefensión; para que justificara la proporcionalidad defensora de la acción del derecho  a   oposición”  debería  de  poder  hilvanar su demanda en base al artículo 36 que nos dice:

“‘Derecho de oposición a las decisiones, halladas únicamente en un tratamiento automatizado de datos”

 “Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinado a evaluar determinados aspectos de su personalidad tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o conducta.

No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones contempladas en el apartado 1 cuando dicha decisión: Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de  del contrato a petición del interesado  siempre que se le  otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente a fin de defender su derecho o interés. En todo caso el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado de forma clara y precisa. de que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de que no llegue a celebrarse finalmente el contrato”

El derecho a “oposición” de verse tratada la información  por un medio mecanizado debería de empezar al tiempo en que se inicia la relación comercial  por la presentación  de una solicitud de crédito, atendiendo al punto ”2″ del art. 36, pues se nos dice que si se toma la decisión en el marco de la “celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado” entonces sí sería válido, pero con una excepción:  “siempre que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente a fin de defender su derecho e interés ”

Esta formulación obligaría a un replanteamiento radical de las fórmulas decisorias y legítimas de la Entidad de Crédito, pues debería de contar con el interesado a la hora de conformar su “punto de corte” como cliente, pues aparte de estar obligados a dar una profusa información de cómo es el tratamiento al tiempo de recibir la solicitud, se implicaría al cliente en la resolución final, dado que se le haría coparticipe de la misma, al darle posibilidad de “alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho e interés”.

CONCLUSIONES

La distancia entre el desarrollo tecnológico y el consumidor es abismal, puesto que este carece de la formación necesaria para dilucidar qué se está haciendo con su información personal.

Si para el tiempo  en que el consumidor ha de requerir los servicios de  un  tercero,  la  parte  dominante va  a   utilizar procesos tecnológicamente complejos que pueden afectar la decisión final,  se ha de explicar previamente cómo se van a hacer las cosas y dar la oportunidad para que aquel aporte lo que considere oportuno para un reequilibrio en defensa de su legítimo interés.

El “scoring” financiero no puede estar por encima del espíritu de la ley, pues provoca una total y completa indefensión en el “tratamiento” de datos personales.

Si el interesado se ve sometido a una decisión sobre una reinterpretación no conocida, no compartida, y no revelada, entendemos que claramente debería de poder impugnar tal decisión.

El RD 1720/2007 en sus artículos 34-36 es la herramienta clave que nos da el legislador para poder re-definir la aplicación de los softwares inteligentes que prescinden del ser humano.

La necesidad de conocer qué genera una decisión, es tan claro como que se necesita la imagen gráfica de la multa de tráfico para poder saber sobre qué hay que presentar un recurso de reposición.